El pasado 26 de marzo, el Ministerio de Hacienda anunció a las entidades locales que “está trabajando en la aprobación de una norma legal” para prorrogar en el ejercicio 2019 que el destino del superávit de 2018 pueda dedicarse a inversiones financieras sostenibles.
A través de un comunicado, el ministerio entiende que se trata de la “voluntad unánime compartida por los Gobierno Locales”, por lo que pretende aprobar una norma con rango de ley que prorrogue la aplicación de la regla especial del destino de superávitque se contempla en la disposición adicional secta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Con ello, se permitiría a los ayuntamientos que destinen el superávit que hayan obtenido en el ejercicio económico 2018 a inversiones financieras sosteniblesen los términos que se recogía en el Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado para 2019(disposición adicional septuagésima novena).
En este sentido, se entiende por una inversión financiera sosteniblela que cumpla los requisitos incluidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales. Entre estas condiciones, se hace referencia a los grupos de programas en los que deben figurar las inversiones. A modo de ejemplo, encontramos alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; información y promoción turística; transporte de viajeros; seguridad y orden público, equipamientos culturales y museos; protección del Patrimonio Histórico-Artístico o instalaciones deportivas, entre otros.
Además, hay que tener en cuenta que se excluyen tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas permitidos.
También están excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.
En su comunicación, el Ministerio de Hacienda concluye diciendo que, debido a los plazos en los que se deben ejecutar determinados proyectos de inversión, permite a las entidades locales iniciar los procedimientos de gestión correspondientes para agilizar los trámites previos hasta que se produzca la aprobación definitiva del texto legal.