Tal y como aprobó el pasado mes de septiembre el Congreso de los Diputados, el próximo ejercicio se mantendrá la suspensión de las reglas fiscales que el Gobierno vienen proponiendo desde 2020. En la práctica, esta medida elimina los objetivos de déficit, gasto y deuda de las administraciones públicas.
En los años anteriores, la situación provocada por la COVID-19 fue considerada de tal envergadura como para recurrir al artículo 135.4 de la Constitución Española que prevé la suspensión de los objetivos de estabilidad en “situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”.
Igualmente, el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera permite “incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social”
En esta ocasión, es la “crisis desatada por el encarecimiento de precios derivado de la invasión rusa de Ucrania” la que esgrime el Gobierno para recurrir a este mecanismo extraordinario.
Esta postura también está avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tanto por la “la crisis energética” como por la guerra de Ucrania y el “endurecimiento de las condiciones de financiación” como consecuencia de la inflación.
Pese a la eliminación de los objetivos de estabilidad, se fijan unas tasas de referencia para el déficit. En el caso de las administraciones locales, esta tasa de referencia será equivalente a un superávit del 0,1% del Producto Interior Bruto.
La situación en España sigue la línea de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda que incluye del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La media se prorrogó en los dos ejercicios siguientes. posteriormente prorrogada en 2021 y 2022. Para 2023, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania aconsejan mantener la aplicación de esta medida.
Tras la crisis económica iniciada en 2008, y en base a las lecciones aprendidas, la UE planteó la necesidad de dotarse de normas que permitiesen una desviación temporal de los objetivos de estabilidad en casos de recesión económica. Surgió así en 2011 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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