El esfuerzo que la Administración Local viene realizando en los últimos años para acomodar sus gastos de funcionamiento a los ingresos que obtiene en cada ejercicio está dando sus frutos. Está previsto que el cierre del ejercicio arroje un superávit que rondará los 5.000 millones de euros –en 2016 fue de 6.847 millones de euros-, lo que convierte a los ayuntamientos españoles en la “Administración más cumplidora”, según el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.
La estabilidad de sus ingresos gracias a la solidez de muchas de las figuras impositivas que gestionan y una correcta administración de los recursos están detrás del cumplimiento del objetivo de déficit. Sin embargo, pese a la buena gestión, no podrán disponer un año más del montante total de este superávit, que supone 0,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB).
La regla de gasto que el Ministerio de Hacienda estableció en 2012 no permite que las administraciones gasten más allá de las previsiones de crecimiento de la economía española que el Ejecutivo fija a medio plazo. Esta situación está provocando que los ayuntamientos cumplidores –hay 3.000 ayuntamientos con superávit y sin deuda, según informó el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el pasado 31 de enero en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados- estén ahorrando dinero pero que no tengan posibilidades de gastarlo libremente. Se estima que los municipios cuentan ya con 27.500 millones en los bancos que no pueden gastar y han reducido su deuda de los 44.000 millones en 2012 a los 30.563 millones en septiembre de 2017.
Es cierto que hay fórmulas para poder invertir parte de este superávit, pero su uso está muy limitado. La normativa permite emplear estos fondos para “gasto sostenible” -que no genere gastos recurrentes- y para amortización de deuda, siempre que se respete la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En 2016, recurrieron a esta fórmula 1.043 entidades locales: 1.009 municipios y 34 diputaciones.
Ante esta situación, los ayuntamientos, a través de la FEMP, están pidiendo al Gobierno de España que no castigue a los municipios cumplidores y les permita emplear el superávit municipal con más libertad.
24.068 millones de déficit en las Administraciones Públicas
Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho públicos los datos del déficit de la Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social a finales del mes de noviembre. En su conjunto, asciende a los 24.068 millones de euros, lo que representa un 2,06% del PIB y supone un 36,4% menos que en mismo periodo del ejercicio anterior.
El déficit de la Administración Central, sin contar la ayuda financiera, asciende a 17.216 millones, lo que equivale al 1,48% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas registran un resultado positivo de 1.274 millones, mientras que la Seguridad Social cerró con un déficit del 0,70% del PIB.