La labor de los ayuntamientos en la salida de la crisis provocaba por la pandemia de la COVID-19 es crucial. Como la institución más cercana, están al tanto de la problemática real de los ciudadanos y, en ese sentido, su papel es determinante para el reparto de los fondos europeos destinados a la recuperación.
Así lo han entendido también en las Cortes de Castilla-La Mancha que, en su sesión del 27 de mayo, han aprobado dos resoluciones en este sentido.
Por un lado, los diputados regionales han mostrado su apoyo mayoritario a un documento que destaca la existencia de los fondos europeos como una “respuesta solidaria”. Además, insta al Gobierno de la región a que mantenga el “diálogo social” y la “transparencia” en la gestión que llevará a cabo mediante el Plan Castilla-La Mancha Avanza.
Por otro lado, se pide que los proyectos puedan salir adelante “con la máxima agilidad y eficacia, fomentando la cooperación público-privada y la coordinación con todas las instituciones locales, supramunicipales, nacionales y europeas”.
En esta línea, las cortes demandan “una discriminación positiva” en el reparto de los fondos europeos Next Generation -el plan de la UE para la recuperación dotado con 750.000 millones de euros- para zonas afectadas por la despoblación.
Igualmente, piden una clara apuesta por un “enfoque transformador del modelo productivo y económico” centrado en fomentar infraestructuras verdes, el desarrollo de energías renovables, una cadena de valor agroalimentaria más competitiva, potenciar la economía circular y modernizar y digitalizar la administración y los servicios públicos, entre otras cuestiones.
Más protagonismo para la administración local
En una línea similar, la segunda resolución insta al Gobierno de España a que garantice la participación de las administraciones locales en la distribución de los fondos europeos.
Asimismo, le pide que suspenda la aplicación de las reglas fiscales de los ejercicios 2022 y 2023 y que aborde la reforma del sistema de financiación local.
Por último, reclama la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de febrero, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la reforma de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.