El Boletín Oficial del Estado del 5 de agosto ha publicado el real decreto-ley que incluye medidas financieras extraordinarias que facilitan más recursos para los ayuntamientos frente al COVID-19. Estas iniciativas son el resultado del acuerdo al que han llegado el Gobierno de España y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
El real decreto-ley establece una prórroga para 2020 del destino del superávit de 2019 a inversiones financieramente sostenibles. Además, en el supuesto de que un proyecto no pueda ejecutarse íntegramente en 2020, el gasto restante autorizado para ese ejercicio se podrá comprometer y reconocer en 2021.
Además, el superávit de 2019 no utilizado se podrá destinar para financiar gastos en 2020, siempre que se cumpla con el equilibrio presupuestario al cierre de este ejercicio.
En el acuerdo también incluye la autorización de un crédito extraordinario de 275 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte público durante el estado de alarma.
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo contienen modificaciones en el Fondo de Ordenación. Entre ellas, se posibilita la financiación de deudas con acreedores públicos que se estén compensando mediante retenciones de la participación en los tributos del estado o que se estén cancelando mediante acuerdos de fraccionamiento o aplazamiento. La medida se destina a los ayuntamientos en situación financiera negativa o que no puedan refinanciarse siguiendo criterios de prudencia financiera. También se abre la puerta a convertir deuda en corto plazo en largo plazo.
Préstamo al Estado
Por otro lado, las entidades locales deberán remitir su compromiso -antes del 15 de septiembre- de poner a disposición de la Administración General del Estado, su remanente de tesorería para gastos generales. A esta cantidad se ha de restar los saldos acreedores e inversiones financieras sostenibles. Estas transferencias se considerarán como un préstamo de las entidades locales a la Administración General del Estado que será amortizado en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022. El tipo de interés anual no podrá superar el coste equivalente a la financiación de la deuda del Estado.
El Gobierno se ha comprometido a destinar a las entidades locales un importe equivalente al 35% de los recursos comprometidos por estas, hasta un máximo de 5.000 millones. Este dinero se podrá destinar, entre otras cosas, a la elaboración y puesta en marcha de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, de movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura.
Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 27/2020, son fruto de un acuerdo firmado el 4 de agosto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero. Un día antes, la Junta de Gobierno de la FEMP mantuvo una reunión extraordinaria en la que se aprobó, por 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención -fue decisivo el voto de calidad del presidente-, la firma del compromiso.
ACTUALIZACIÓN (7/8/2020): Nota explicativa de la FEMP.