El Tribunal de Cuentas ha publicado el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019.Entre sus principales conclusiones se encuentra que el 62% de las entidades locales españolas, excluidas las pertenecientes al País Vasco y Navarra, aportaron la cuenta general dentro del plazo legal (22 de enero de 2021). A 7 de abril de 2021, este porcentaje aumentaba hasta el 73%. Por tanto, una de cada cuatro entidades locales no entrega información al Tribunal de Cuentas.
El censo de entidades que tenían la obligación de rendir cuentas del ejercicio 2019 alcanzaba las 12.932 instituciones. A ellas se suman 2.648 órganos dependientes o adscritos, por lo que el censo del sector público local ascendía a 15.580 entidades.
El Tribunal reconoce que “un número significativo de entidades locales no rinde sistemáticamente sus cuentas generales, de manera que un total de 3.347 entidades tenían pendiente de remitir las cuentas referidas a alguno o varios de los ejercicios 2017, 2018 o 2019, tratándose en su mayor parte de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes o EATIM” (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio).
Para tratar de solventar estos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas ha remitido comunicaciones a las entidades locales, a la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. Esta falta de rendición de cuentas puede acarrear retenciones en la participación en los tributos del Estado.
Recomendaciones
El informe concluye con una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la modificación legislativa necesaria para fijar como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudasprocedentes de cualquiera de las Administraciones públicas estar al corriente en la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.
Igualmente, se recomienda modificar los plazos para aportar la información “homogeneizando los previstos en la normativa estatal y autonómica y reduciéndolos significativamente para disponer de las cuentas rendidas con mayor antelación”.
Por otro lado, propone a la Administración General del Estado llevar a cabo la retención de la participación en los tributos del Estado a aquellas entidades que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales. Esta retención es potestativa.
Las recomendaciones también alcanzan a los responsables de las entidades locales, a quienes pide que adopten las medidas oportunas para que el presupuesto “constituya un instrumento efectivo de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera”. Con este fin, sería preciso aprobarlos y liquidarlos dentro de los plazos previstos.Además, les solicita la reducción de “los saldos de acreedores pendientes de imputación presupuestaria y de los pagos pendientes de aplicación al presupuesto”.
Por último, recomienda a los órganos de intervención incrementar “el alcance y la efectividad de las actuaciones de control interno, extendiendo las actuaciones de control financiero posterior, en sus modalidades de control permanente y de auditoría pública”.
El contenido completo del informe del Tribunal de Cuentas sobre las entidades locales puede consultarse en este enlace:Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2019.